La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) representa una de las principales amenazas para la conservación de los ecosistemas marinos y la biodiversidad de Panamá. Frente a este desafío, funcionarios de instituciones ambientales, judiciales y de seguridad marítima participaron en el taller “Uso de herramientas tecnológicas como medios probatorios en casos de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en Áreas Marinas Protegidas de Panamá”, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades institucionales para el uso de evidencia tecnológica en los procesos administrativos y judiciales relacionados con este delito.
La actividad se desarrolló en el marco del proyecto “Fortalecimiento del Monitoreo, Control y Vigilancia en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR)”, implementado por Fundación Pacífico en alianza con WildAid, Joint Analytical Cell (JAC) y OceanMind, con el financiamiento de Bezos Earth Fund. Asimismo, contó con el apoyo del proyecto “Fortalecimiento de la Vigilancia Marítima en el Entorno Marino del Pacífico Este Tropical (PET)”, implementado por WildAid con el financiamiento de Asuntos Globales de Canadá (Global Affairs Canada – GAC).
Ernesto Ponce, Director Regional del Ministerio de Ambiente en Chiriquí, destacó que fortalecer las capacidades institucionales e incorporar nuevas herramientas tecnológicas es fundamental para responder de manera más efectiva a las amenazas que enfrentan los ecosistemas marinos del país.
“Fortalecer el uso de herramientas tecnológicas y de evidencia técnica en los procesos de control y cumplimiento ambiental representa un paso importante para mejorar la capacidad de respuesta frente a actividades que afectan nuestros ecosistemas marinos. La coordinación entre instituciones es clave para avanzar en la protección efectiva de las áreas marinas protegidas del país”, señaló.
Por su parte, Zuleika Pinzón, Coordinadora de Proyectos de Fundación Pacífico, resaltó que la lucha contra la pesca ilegal requiere una respuesta coordinada entre las instituciones responsables de la vigilancia y el cumplimiento de la normativa ambiental.
Por su parte, Zuleika Pinzón, Coordinadora de Proyectos de Fundación Pacífico, resaltó que la lucha contra la pesca ilegal requiere una respuesta coordinada entre las instituciones responsables de la vigilancia y el cumplimiento de la normativa ambiental.
"En este espacio presentamos su alcance y el potencial que tienen para fortalecer la toma de decisiones en procesos sancionatorios”, explicó.
Asimismo, destacó que la protección de los ecosistemas marinos es una responsabilidad compartida.
“Estamos unidos para conservar los ecosistemas marino-costeros, de los cuales depende nuestra calidad de vida. Asegurar su sostenibilidad es esencial porque todo está conectado”, acotó.
Durante la jornada se abordaron temas relacionados con el contexto e impacto de la pesca INDNR sobre la conservación marina, el uso de evidencia técnica y tecnológica en procesos administrativos y judiciales, los protocolos de actuación para el monitoreo y reporte de eventos, así como experiencias nacionales en la persecución de delitos ambientales. Además, los participantes desarrollaron ejercicios prácticos basados en estudios de caso para fortalecer la incorporación de información satelital como elemento probatorio en procesos sancionatorios.
Chris Wilcox, Director del Programa Marino de WildAid, destacó el valor de acercar herramientas tecnológicas y capacidades técnicas a las instituciones encargadas de proteger los océanos.
“Si bien los buques patrulleros y las inspecciones en el mar siempre serán un componente clave para fomentar una cultura de cumplimiento, las herramientas de seguimiento electrónico pueden mejorar significativamente nuestra capacidad para detectar y sancionar las infracciones de la normativa”, expresó.
El taller permitió, además, identificar oportunidades para fortalecer los mecanismos de coordinación entre las instituciones participantes y consolidar el uso de herramientas tecnológicas como apoyo a la investigación, seguimiento y judicialización de los casos de pesca ilegal. Estas acciones contribuyen a fortalecer la gobernanza marina y la protección de las áreas marinas protegidas de Panamá, en beneficio de la biodiversidad y de las comunidades que dependen de la salud de los océanos.
